¿Impuestos o cuotas? La batalla por el agua en la agricultura.

Un estudio basado en un modelo de programación matemática encuentra que la asignación proporcional del agua, y no los impuestos adicionales sobre el recurso, es más efectiva desde el punto de vista de los dedicados a la agricultura

El cambio climático, la creciente sequía, el crecimiento de la población y los hábitos de consumo han puesto de manifiesto la escasez de agua disponible para la agricultura. En España los embalses destinados al consumo humano y la agricultura se encuentran al 52% de su capacidad, una cifra superior a la de años anteriores, pero que no disipa la preocupación por futuras escaseces. La Cuenca del Guadalquivir, cuyos embalses se encuentran al 41% de media, lleva varios años limitando la cantidad de agua destinada al riego. Esta situación hace necesario adoptar medidas que permitan reducir el consumo y gestionar mejor el agua para los cultivos.

En comparación con la imposición de un impuesto adicional sobre el agua, como propone una directiva de la UE, un estudio del grupo WEARE de la Universidad de Córdoba ha encontrado que el sistema más efectivo sigue siendo el que se aplica actualmente: la reducción proporcional del agua disponible para los usuarios.

El estudio, parte de la tesis doctoral de Ángela Valle García, en la que participaron sus asesores, Carlos Gutiérrez Martín y Nazaret M. Montilla López, estudió la mejor forma de gestionar el agua disponible para la agricultura en la cuenca del Guadalquivir comparando dos políticas de gestión: asignación basada en cuotas (la reducción proporcional de las asignaciones de agua) frente a tarificación; y desde dos puntos de vista: social y privado. Para ello se utilizó un modelo basado en la Programación Matemática Positiva (PMP), que, con datos de ingresos, costes y superficie cultivable, reproduce el comportamiento del agricultor. “El objetivo de este modelo”, explica Gutiérrez Martín, “no es tanto una optimización de lo que se debe hacer, sino intentar reproducir la realidad y, a partir de ahí, el comportamiento del agricultor, aplicando una política de gestión para ver qué efecto tendría antes de su implementación. El modelo nos permite saber, en función de la cantidad de agua disponible, cuál será el plan de cultivo que aplicaremos el próximo año”, añade Montilla López.

Así, desde un punto de vista social, el establecimiento de un impuesto adicional sobre el agua más allá del precio que ya se paga por el uso que se hace de ella para regar los cultivos, tiene un impacto en la sociedad, ya que ese dinero podría destinarse a otros fines. El impuesto funcionará, pero, según el modelo, es más perjudicial que la asignación de una determinada cantidad de agua, ya que, además de la dificultad de poder establecer un precio adecuado, desde una perspectiva privada los que gestionan la agricultura sufren más pérdidas económicas con el impuesto adicional sobre el agua que con la asignación de una cuota.

Como argumenta Gutiérrez Martín, “con el impuesto al agua se pierde más de lo que se gana. Es más efectivo implementar una cuota porque, al incluir un impuesto, el agricultor termina perdiendo más.” Esta es una idea, argumenta el equipo de investigación, que las autoridades políticas pueden tener en cuenta al tomar decisiones en el mundo real.

El estudio ha sido publicado en la revista Water Resources Management, y está financiado a través del proyecto e-MOHICAN (TED2021-131066B-I00), con fondos de la Transición Ecológica y Digital, el Plan Nacional de Investigación (MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y la Unión Europea “NextGenerationEU”/PRTR).

Referencia:

Fuente: Ángela Valle-García, Carlos Gutiérrez-Martín y Nazaret M. Montilla-López, “Water Pricing and Quotas: A Quantitative Analysis from a Private and Social Perspective,”Water Resources Management (2024). https://doi.org/10.1007/s11269-024-03865-1.